Madre de Godella, acusada de asesinar a sus hijos, mintió para engañar a los servicios sociales

María Gombau, acusada de homicidio por la muerte de sus hijos, Amiel, de tres años y medio, y Rachel, de apenas cinco meses, despistó a los servicios sociales municipales de Rocafort.

Sin embargo, luego de ser interrogada por el juez en el hospital, fue enviada a prisión de forma provisional, comunicada y sin fianza.

Trascendió que en su declaración ante el trabajador social aseguró que tenía un empleo por el que recibía ingresos, lo cual desactivó cualquier indicio de que la familia sufriera penurias.

Según detalla el informe municipal, la madre de los niños hallados muertos y enterrados en Godella solicitó realizar, “por las tardes”, la labor social impuesta por un juez en la Agencia de Lectura de Rocafort “para poder compatibilizarlo con su trabajo”.

Gombau afirmó que recibía un sueldo por atender a un enfermo en coma. En el expediente se aclara que durante el tiempo que María Gombau permaneció como ayudante en la Agencia de Lectura realizó sus tareas con normalidad.

Incluso, las personas que coincidieron con la presunta parricida la describen como una tranquila y jovial.

Como se recordará, los niños fueron hallados muertos y enterrados los y la madre de los menores fue hallada con rasguños y desnuda, metida en un bidón.

Su imagen era normal y no causaba sospechas de que existiera un posible riesgo social, pese a que recibía tratamiento por una enfermedad mental y consumía estupefacientes de forma habitual con su pareja Gabriel Salvador.

En la cronología municipal está registrado que María solicitó documentación en dos ocasiones a través de cita previa.

La primera, de fecha 1 de diciembre de 2016, para informarse de los recursos sociales, como ayudas de emergencia municipal, que luego no cursó. La segunda fue el 9 de mayo de 2017 para tramitar la escolarización de su hijo mayor, Amiel.

Su relación con el Ayuntamiento de Rocafort volvió a retomarse dos años después cuando se presentó a las pruebas para acceder a una plaza de peón de limpieza viaria.

En ese momento, superó un examen teórico que tenía carácter eliminatorio con puntuación de 10 y que consistía en un único ejercicio tipo test.

A pesar de que ya mostraba señales de esquizofrenia, logró acceder a la plaza de limpiadora al sumar mejor puntuación que otras aspirantes.

Obtuvo un punto por ser menor de 30 años, cinco puntos por no ser beneficiaria de prestaciones estatales o autonómicas y dos puntos más por hallarse empadronada en Rocafort pese a que no residía de forma habitual en la población.

En el expediente de los servicios sociales se confirmó que durante un periodo de tres meses -del 22 de diciembre de 2017 al 21 marzo de 2018- desarrolló su labor con normalidad.

Fuentes del servicio de Empleo y Desarrollo Local de Rocafort indicaron que siempre cumplía con sus asignaciones y con su horario laboral de forma escrupulosa. Siempre fue puntual y acudía con el uniforme limpio.

Resulta significativo que en el último párrafo del expediente municipal se describa que no se tenía “constancia de ningún tipo de notificación, información o situación de riesgo proveniente de instancias educativas, sanitarias, policiales, vecinales o familiares que indique cualquier indicio que pudiera generar dudas del nivel sociofamiliar de la familia. Como tampoco se ha detectado en las entrevistas y en la contratación laboral de la bolsa ninguna irregularidad”.

Según fuentes del colegio San Sebastián de Rocafort, el pequeño Amiel siempre acudía a su clase limpio y bien vestido.

Los lunes, día establecido para que el almuerzo de los alumnos fuera fruta, “siempre traía piezas peladas y cortadas en una fiambrera, mientras que otros compañeros nunca lo hacían”. Un hábito que, por supuesto, alejaba a los docentes de cualquier sospecha sobre los desequilibrios paranoicos de los presuntos parricidas.

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